El Senado aprobó la ley que suspende hasta 2025 los desalojos a comunidades originarias, en medio del conflicto por los atentados en la patagonia que dividió a Cambiemos entre quienes acompañaron la ley y quienes la definieron como un instrumento del terrorismo.
El rechazo lo encabezaron los cordobeses Ernesto MartÃnez (cercano a Luis Juez) y Laura RodrÃguez Machado (PRO), mientras que militaron a favor de la prórroga el chaqueño VÃctor Zimmermann, de la UCR, y la bonaerense Gladys González del PRO.
Aunque exigieron modificaciones que escribió de puño y letra la rionegrina Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos IndÃgenas (Inai), en una breve reunión en el despacho de la salteña Nora del Valle Giménez, autora de la iniciativa, que no podÃa esperar mucho más: el 23 de noviembre vence la última prórroga de la suspensión de los desalojos, votada en 2017. Con la mayorÃa de las bancas ausentes por el acto de Macri en Dolores y de la UCR en Ferro, la ley fue aprobada con 43 votos, 2 negativos y 7 abstenciones.
La ley no es otra cosa que la extensión de uno de los artÃculos de la ley de comunidades originarias sancionada en 2006, que son los que suspenden los desalojos de estas familias hasta tanto el Estado no concluya un censo nacional que determine cuántas son y dónde residen.
El próximo paso es registrar las propiedades a quienes se encuadren en el artÃculo 75 inciso 17 de la Constitución, que reconoce a los pueblos originarios la preexistencia étnica y cultural, como también su carácter hereditario. El problema es que el censo nunca terminó y los pueblos originarios reclaman que no se activen los desalojos.
Zimmermann se preocupó por diferenciar a las comunidades indÃgenas de los episodios de violencia de RÃo Negro, que se auto adjudicó la comunidad Resistencia Mapuche Ansestral (Ram), con la que se identifica el activista Jonas Huala, preso en Chile. Su última audiencia judicial fue polémica porque asistió el embajador argentino Rafael Bielsa.
El senador radical aclaró que las demoras del Inai no tienen justificación, explican buena parte de los conflictos y reclamó mayores precisiones para determinar los beneficiarios y auditar de cerca el presupuesto de 250 millones que el proyecto le otorga al organismo para concluir un censo que no terminó en 15 años.
MartÃnez no de acuerdo con su postura y acusó a los senadores de colaborar con "actos terroristas" si seguÃan con la suspensión eterna de los desalojos. "Es la tercera vez que tengo que votar esta ley y siempre me dicen que es por última vez", se molestó y propuso "excluir a Neuquén, Chubut y RÃo Negro" para evaluar si volvÃa a votarla.
"No puedo continuar con prórrogas porque no sólo se trata de cuestiones administraciones que se demoran desde el 2006. Esto no puede ser asà porque ante el desafÃo de la Ram, votar esta prórroga es un suicidio institucional para nuestro paÃs. No hay que seguir dando excusas a esa organización para que prosiga con su accionar terrorista. El Senado se asusta para terminar de una buena vez la prórroga de la ley 26.160", desafió el cordobés.
Lo cruzó el chubutense del oficialismo Alfredo Luenzo. "Además del desconocimiento es más grave aún emplear la palabra terrorismo, subversivo, conceptos muy caros para la historia argentina. Y se vuelven a reeditar en una necesidad que tiene la derecha de encontrar un enemigo interno".
Y sembró sospechas sobre los incidentes en la patagonia. "Hay un grupo muy reducido que comete delitos, que son delincuentes, y la respuesta no la tendrÃa que dar el poder polÃtico, sino la Justicia, investigando y metiendo presos a quienes son responsables. Y es muy curioso que no se puedan esclarecer. En el Bolsón está lleno de cámaras de seguridad y no los registraron".
El cruce selló la división de Cambiemos. RodrÃguez Machado hizo suyas las palabras de MartÃnez e hizo una propuesta. Que el reconocimiento de las tierras sea hasta 2006, la fecha de sanción de la ley.
Pero su compañera de bancada Gladys González la consideró innecesaria. "Si esos grupos no reconocen al Estado argentino, la justicia no tiene las manos atadas para actuar", remarcó y recordó que hay casos de desalojos en Bariloche sobre terrenos ocupados ilegalmente.
El debate subió de temperatura mientras Odarda escribÃa las modificaciones en una oficina contigua, que atendieron algunos reclamos pero no todos. "No podemos limitar el reconocimiento de las tierras a 2006, porque estamos hablando de comunidades que no tienen culturalmente la decisión de registrase si es que no ven un beneficio. Se excluirÃa a la mayorÃa", explicó Del Valle Giménez.
El chubutense Mario Pais explicó que si el mandato constitucional es reconocer las tierras a pueblos originarios, no puede una ley restringirlo. El texto final tiene algunas precisiones como el de definir que la tierra protegida de desalojos sea de ocupación "actual, pública y acreditada". Y se obliga al Inai a pedir asistencia a las provincias. Casi toda la oposición votó a favor.
